Unos 30.000 locales de la Comunidad de Madrid, en su mayoría comercios familiares en su mayoría negocios pertenecientes a los sectores de la  hostelería y de la reparación, y que llevan toda una vida formando parte de los barrios madrileños, así como de la vida de sus residentes, van a ver afectada la condición de renta antigua de sus contratos de alquiler.

El motivo no es otro que el debido a la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994,  puesto que en ella se establece que todos aquellos locales que tengan un contrato de alquiler de renta antigua cuya fecha de formalización y contratación es anterior a mayo de 1985, tienen la obligación de actualizar su contrato de alquiler antes del 31 de Diciembre del 2014.

Este hecho podría causar graves consecuencias para estos empresarios puesto que al actualizar sus contratos de alquileres a  las condiciones contractuales actuales verían incrementada su cuota de alquiler de forma considerable por lo que en muchos casos y dadas las circunstancias económicas actuales, puede llegar a suponer el cierre de un negocio que lleva en marcha toda una vida, con lo que significaría la destrucción de un número considerable de puestos de trabajo.

Es por ello que diversas asociaciones madrileñas de empresarios autónomos van a solicitar una moratoria de diez años.